Andre Arpi Alcocer. Gerente Proycon

Cada vez que escucho en foros internacionales los compromisos del Perú con la transición energética, no puedo evitar pensar en la distancia que existe entre el discurso y la realidad.

Hablar de energías limpias y sostenibles resulta inspirador, pero quienes estamos cerca de los proyectos sabemos que el camino está plagado de trabas burocráticas que ralentizan cualquier avance.


Los permisos para la instalación de proyectos solares o eólicos pueden demorar años, un tiempo que en un sector tan dinámico significa perder oportunidades. No contamos con incentivos fiscales capaces de atraer con fuerza la inversión privada, y la infraestructura de transmisión no responde a la magnitud de los retos futuros. La consecuencia es evidente: seguimos avanzando demasiado despacio, mientras países vecinos nos muestran lo que significa tomarse en serio la transición energética.


Chile es un buen ejemplo. Con recursos similares a los nuestros, ha implementado políticas estables que hoy lo posicionan como líder regional en energía solar. Uruguay, un país mucho más pequeño, logró transformar radicalmente su matriz energética en menos de diez años. Nosotros, en cambio, seguimos atrapados en trámites y normativas que no acompañan la urgencia del momento.


La transición energética no es un lujo ni un accesorio para las agendas ambientales; es un tema de competitividad y de resiliencia económica. Cada año que retrasamos reformas regulatorias perdemos inversiones, capacidad de innovación y oportunidades para nuestras industrias. El Perú necesita asumir que el futuro de su economía está directamente ligado a la energía limpia, y que sin decisiones firmes seguiremos rezagados.


Estoy convencido de que no es tarde para reaccionar. Pero la transición energética debe convertirse en política de Estado, sostenida en el tiempo, y no en un discurso que se repite en conferencias mientras la burocracia frena la acción.

Referencias


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