Andre Arpi Alcocer. Gerente Proycon

Hablar de infraestructura sostenible en el Perú es hablar de brechas que condicionan la productividad y la calidad de vida.

Carreteras que no conectan mercados, redes de agua que no llegan a los barrios periféricos, hospitales que se saturan. La discusión técnica suele quedarse en megainversiones y cronogramas, pero la sostenibilidad cambia el foco: no basta con construir más, hay que construir mejor para que cada sol invertido cree valor económico, social y ambiental durante décadas.

El punto de partida es aceptar que la infraestructura tradicional priorizó costo y plazo por encima de desempeño y resiliencia. De allí la urgencia de una nueva gobernanza que alinee diseño, financiamiento y operación con métricas de ahorro energético, eficiencia hídrica, carbono incorporado, calidad del aire y salud de usuarios. Cuando estos criterios se vuelven exigibles en las bases de un proyecto, dejan de ser “extra” y se convierten en la norma.

Los instrumentos ya existen. La certificación EDGE, extendida en proyectos peruanos, demuestra que es viable reducir en promedio alrededor de un tercio el consumo de energía y casi la mitad el uso de agua, además de disminuciones sustantivas en carbono de materiales. No se trata de edificios de vitrina, sino de soluciones escalables: envolventes térmicas pasivas, vidrio de baja transmitancia, calentamiento de agua eficiente, aparatos sanitarios de bajo caudal. Cuando estos elementos entran al pliego técnico, el OPEX cae, la morosidad energética disminuye y el activo gana valor. Ese es el círculo virtuoso que el mercado entiende.


A la par, la gestión importa tanto como el ladrillo. Evaluar y seleccionar herramientas de gestión sostenible a lo largo del ciclo de vida permite anticipar fallas, optimizar mantenimiento y extender la vida útil. Modelos de dinámica de sistemas, tableros de desempeño, compras públicas sostenibles y contratos con indicadores de disponibilidad y eficiencia cambian el comportamiento de los actores. La sostenibilidad deja de ser discurso cuando gatilla incentivos y penalidades contractuales.


El “cómo” financiero es igual de crucial. Las APP y los mecanismos de obras por impuestos pueden internalizar metas de ahorro y resiliencia climática, siempre que el Estado defina estándares claros y medibles y que los bancos incluyan cláusulas de desempeño verde. No es filantropía: el costo de capital mejora cuando el riesgo operativo y climático baja. Si a eso se suma una cartera priorizada de proyectos con trazabilidad social —participación temprana, consulta y monitoreo comunitario—, la licencia social se fortalece y los cronogramas se cumplen.


La minería, a menudo vista fuera del debate urbano, ofrece lecciones útiles. Integrar renovables in situ, almacenamiento y gestión de demanda en operaciones intensivas en energía reduce costos y emisiones; esas prácticas pueden migrar a parques industriales y a equipamientos públicos. La frontera es difusa: lo que funciona en mina para ahorro y confiabilidad puede aplicarse a un hospital o a una planta de tratamiento.


El reto político es salir de la retórica. Necesitamos pliegos que exijan desempeño, bancos que lo premien, supervisores que lo verifiquen y usuarios que lo demanden. Infraestructura moderna con sostenibilidad no es un eslogan; es una cadena de decisiones que comienza en el anteproyecto y termina en un servicio que cambia la vida de la gente. Allí se juega la competitividad del Perú en los próximos veinte años.

Referencias


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